AMLO y Villarreal minimizan la crisis de violencia

Entre balaceras, bloqueos y asesinatos que obligan al cierre de escuelas y suspensión del transporte público y actividades comerciales, los empresarios de Tamaulipas claman por ayuda, pero las autoridades locales y federales consideran que el estado “se encuentra pacificado”.

Funcionarios estatales argumentaron que en mucho se trató de un “ambiente de psicosis”, particularmente entre Matamoros, Reynosa y San Fernando por los intercambios de fuego entre células del Cártel del Golfo (CDG), y de éstas contra fuerzas estatales y federales.

Se acusó de inducir esa psicosis al exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, autoexiliado en Estados Unidos, a fin de desestabilizar el estado.

El martes 2 Matamoros se vio paralizada por 16 bloqueos del CDG, que tuvieron confrontaciones para, supuestamente, tomar la plaza de San Fernando, con la resistencia del grupo local, de la misma organización, auxiliado por el de Reynosa.

Se trata de una pugna interna del cártel, entre los grupos Metros, Escorpiones, Panteras y Ciclones.

Julio Almanza Armas, vicepresidente de Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas (Fecanaco), afirma que los tiroteos y bloqueos en ciudades como Reynosa y Matamoros han dejado pérdidas millonarias a esa actividad económica, y añade que la situación no se resolverá hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Américo Villarreal Anaya dejen de ignorar la dimensión de la inseguridad en la frontera.

“Mientras el gobierno no acepte lo que estamos viviendo, difícilmente se va a arreglar este problema. Se viven bloqueos, zozobra, psicosis, balaceras. En Matamoros se suspende el transporte. Aquí estamos en emergencia. La ciudad se paraliza. Hoy es Matamoros, mañana Reynosa, y luego Río Bravo”.

El gobierno federal anunció el envío de más de 710 efectivos, que se suman a los más de mil que ya había desplegado al inicio del año para reforzar la seguridad del estado, que carece de policías preventivos municipales y tiene un déficit de dos mil 500 agentes estatales.

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