El Departamento del Tesoro de Estados Unidos descubrió y sancionó a una red de casinos utilizada por el Cártel del Noreste (CDN) para el lavado de dinero, y señaló a tres personas por actividades criminales: un colaborador, un abogado y un defensor de derechos humanos.
Las investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ubicaron a Nuevo Laredo y Tampico como los sitios donde opera este grupo criminal, designado como terrorista por el gobierno de Donald Trump.
Según la OFAC, entre los principales blancos de acción está el Casino Centenario, ubicado en una zona comercial de Nuevo Laredo, entre hoteles y tiendas de autoservicio, y a menos de tres kilómetros de la frontera con Texas.
“El Casino Centenario es utilizado por el Cártel del Noreste (CDN) como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína, así como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego”, mencionó la OFAC a través de un comunicado.
Agregó que el CDN utiliza las trastiendas del Casino Centenario para torturar e intimidar a presuntos enemigos del cártel.
De acuerdo con habitantes de Nuevo Laredo, este sitio opera las 24 horas prácticamente los 365 días del año por lo que su estacionamiento siempre luce lleno.
El establecimiento es operado por Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA), empresa señalada por proporcionar soporte financiero y operativo al cártel. De acuerdo con el Registro Público de Comercio de México, en 2018 la empresa modificó su objeto social para habilitar la operación de juegos de azar, apuestas y sorteos.
Para formalizar por completo esta evolución, sus socios acordaron que presentarían estados financieros auditados ante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda, además de implementar medidas para garantizar la seguridad de los participantes de los juegos e impedir prácticas vinculadas a la delincuencia organizada.
CAMSA también administra el Diamante Casino, instalado sobre la carretera Tampico-Mante, frente al aeropuerto de la ciudad. Además de su sede física, cuenta con operaciones en línea, lo que según el Departamento del Tesoro amplía el alcance del esquema de apuestas utilizado para el blanqueo de capitales.
“El Departamento del Tesoro seguirá atacando las diversas fuentes de ingresos de las que dependen los cárteles para mantener sus operaciones, entre las que se incluyen el tráfico de fentanilo y de inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos”
La OFAC incluyó en la lista de sanciones a un operador del CDN. Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, está identificado como presunto responsable del tráfico de personas en Nuevo Laredo y enlace en el cruce de migrantes hacia Texas.
A la lista sumó a Jesús Raymundo Ramos Vázquez, representante del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Según una investigación de La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Ramos fue víctima de espionaje ilegal por parte del Ejército para entorpecer una investigación de presuntas ejecuciones extrajudiciales de militares.
Y señala a Juan Pablo Penilla Rodríguez, presunto abogado del Z-40, pues habría sido el intermediario entre el líder criminal y sus socios para mantener la estructura operativa, incluso desde prisión.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que tras realizar un análisis de los sujetos señalados, detectado movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada, esquemas de evasión fiscal y patrones presuntamente utilizados para lavado de activos.
“Por esta razón, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. De manera complementaria, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados”, informó Hacienda a través de un comunicado.
Las sanciones implican el congelamiento de bienes y activos en territorio estadounidense, así como la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o entidades de ese país. También se extienden a empresas que sean propiedad, directa o indirectamente, de los individuos designados.
