El Congreso de Tamaulipas aprobó reformas al Código Penal estatal para sancionar con mayor severidad a quienes ofrezcan servicios educativos sin autorización o sin reconocimiento de validez oficial, así como a quienes emitan documentos académicos sin respaldo legal.
Las modificaciones a la legislación, promovidas por legisladores locales, buscan prevenir que estudiantes sean engañados con estudios que no cuentan con reconocimiento oficial. Con estos cambios, quienes operen instituciones educativas fuera de la norma podrían enfrentar penas de entre cuatro y ocho años de prisión, además de multas económicas.
Asimismo, se estableció como una modalidad de fraude la expedición o comercialización de títulos, diplomas o grados académicos sin la debida autenticación por parte de la autoridad competente, cuando exista intención de lucro.
Con esta reforma, se pretende frenar prácticas que afectan a quienes invierten tiempo y recursos en su formación profesional, además de cerrar espacios a instituciones que lucran con la educación sin cumplir los requisitos legales.
En paralelo, autoridades educativas estatales informaron que se analiza la implementación de lineamientos para restringir el uso de teléfonos celulares en escuelas de nivel básico. La medida forma parte de una propuesta nacional que se encuentra en revisión.
De acuerdo con datos expuestos por la Secretaría de Educación estatal, una mayoría de docentes respalda limitar el uso de estos dispositivos en las aulas, al considerar que impactan en la concentración de los estudiantes. No obstante, se aclaró que la intención no es eliminar el uso de tecnología, sino regularlo para evitar distracciones durante las actividades escolares.
