La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una investigación tras la agresión sufrida por un estudiante de 18 años de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), quien habría sido sometido a una novatada en el campus de Ciudad Victoria y terminó hospitalizado en estado grave.
El joven, de nuevo ingreso a la carrera de Medicina Veterinaria, presuntamente fue víctima de actos de humillación y violencia por parte de un grupo de estudiantes. De acuerdo con los testimonios proporcionados por sus familiares, durante la agresión le habrían arrojado huevos, sangre de animales, melaza, excremento y otras sustancias.
Posteriormente, el estudiante habría sido obligado a ingerir chile habanero, pese a que previamente manifestó ser alérgico a este alimento. Tras estos hechos, perdió el conocimiento y presentó una aparente crisis convulsiva.
Ante su estado de salud, el joven fue trasladado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Victoria, donde recibió atención médica y permaneció bajo vigilancia debido a la gravedad de su condición.
La Fiscalía estatal inició las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido, identificar a los estudiantes que participaron en la presunta novatada y determinar las responsabilidades legales que pudieran derivarse de la agresión.
El caso también ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de prevención y supervisión dentro de las instituciones educativas, particularmente frente a prácticas conocidas como novatadas que pueden poner en riesgo la integridad física de los estudiantes.
Este hecho ocurre semanas después de la muerte de una adolescente de 13 años en una academia militarizada de Ciudad Madero, Tamaulipas, situación que derivó en denuncias relacionadas con presuntos actos de maltrato y castigos extremos dentro de ese tipo de instituciones.
A raíz de estos acontecimientos, también han surgido propuestas para reforzar la protección de estudiantes en academias, campamentos y espacios de formación, así como para establecer medidas que impidan prácticas que involucren violencia física, humillaciones, castigos extremos o situaciones que puedan poner en peligro la vida de los jóvenes.
