Todos los municipios de Tamaulipas entran a una nueva etapa en materia de transparencia y rendición de cuentas, ya que ahora están bajo la lupa de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para cumplir con la información pública que la reforma legal obliga o deberán enfrentar sanciones económicas que van de los 16 mil a los 160 mil pesos.
La titular de esta dependencia de reciente creación, Norma Angélica Pedraza Melo informó que las multas a las que deberán sujetarse los servidores públicos que incurran en opacidad tendrán que ser cubiertas con sus recursos y no con fondos del erario.
“Estamos en la carga de información del segundo trimestre, tenemos todo este mes para que cumplamos y subamos la información de 48 fracciones de ley, y hago el exhorto a no caer en omisiones”.
Rechazó que esta nueva instancia vaya a ser juez y parte, pues afirma hay mecanismos que podrá hacer valer la ciudadanía cuando le sea negada alguna información de carácter público, como los recursos de revisión y de amparo a través de juzgados especializados.
Porque es demostrar con la actuación que se observa el principio de legalidad. Con la reforma constitucional, se extingue el INAI, en marzo se publicó la normatividad secundaria y en 90 días armonizamos nuestras leyes y estructuras como un espejo de la Federación, y el gobernador Américo Villarreal Anaya envió la iniciativa para reformar la Constitución del Estado.
El 10 de julio se publicaron las leyes para generar las nuevas atribuciones y el cambio de Contraloría Gubernamental a Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Desaparece el Itait, que era el único ente garante local, pero ahora con la reforma, en el estado hay nueve autoridades que tenemos la responsabilidad de que la nueva ley sea observada. Se garantiza el derecho de presentar solicitudes de información y ser atendidas, así como interponer recursos si no quedan conformes, y será a través del órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo. El ciudadano puede irse al amparo directo, deberá haber áreas correspondientes especializadas en el Poder Judicial para atender todos esos amparos.
En la Plataforma Nacional de Transparencia o de manera presencial ante las Contralorías de las nueve autoridades garantes. En el caso del Ejecutivo, será a través de esta Secretaría Anticorrupción y Transparencia para el Pueblo, que va a tener la tutela de 17 dependencias, 39 entidades paraestatales, 43 municipios y 47 organismos públicos descentralizados de los municipios. La gente puede acudir al edificio donde operaba el Itait o bien comunicarse vía telefónica (8343166551 extensiones 00105 y 00101) ó correo electrónico para expresar dudas o denuncias.
Venimos trabajando en capacitación y generando condiciones para que puedan cumplir como sujetos obligados, pero si no, está el tema de la sanción, que va de los 16 mil hasta los 160 mil pesos, que debe cubrir el servidor público con su propio recurso, no del presupuesto público y puede enfrentar una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Es válido que el ciudadano tenga esa desconfianza, ese cuestionamiento. En el caso del Ejecutivo, se crea Transparencia para el Pueblo, que va a tener esa autonomía técnica para el estudio y atención de recursos de revisión, ahí se garantiza cumplimiento, pero si el ciudadano no está conforme, podrá recurrir al amparo ante juzgados especializados. Antes de esta responsabilidad, desde la Contraloría logramos un cumplimiento arriba del 85% en entidades paraestatales y entre el 95% y 98% en las dependencias, después que a nuestra llegada encontramos que el nivel era del 50% y 70% respectivamente, y estos resultados hablan del compromiso tangible del gobernador.
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