Luego de que una niña de 11 años en Tamaulipas interrumpiera legalmente un embarazo derivado de una presunta agresión sexual, especialistas señalaron que la atención institucional debe continuar con la protección de la menor, la investigación de los hechos y el acompañamiento integral.
Marisol Escudero Martínez, subdirectora de Incidencia de Ipas Latinoamérica y el Caribe, explicó que garantizar el acceso a la interrupción del embarazo es solo una parte de la respuesta que deben brindar las autoridades, ya que también es necesario asegurar la atención médica y psicológica de la víctima, investigar el delito y sancionar al responsable.
La especialista recordó que la NOM-046-SSA2-2005 establece que las instituciones de salud deben brindar atención inmediata a las sobrevivientes de violencia sexual, además de notificar los casos al Ministerio Público y coordinar acciones para proteger a las víctimas.
También advirtió que uno de los principales retos es la detección tardía de estos casos y las barreras institucionales, como la falta de capacitación del personal o la imposición de requisitos no contemplados por la ley.
Finalmente, Ipas subrayó que las autoridades deben garantizar la privacidad de la menor, evitar su revictimización y asegurar medidas de reparación que le permitan reconstruir su proyecto de vida, colocando siempre el interés superior de la niñez en el centro de la atención.
