El gobernador de Tamaulipas respaldó la revisión de contratos y proveedores electorales; pidió esclarecer posibles conflictos de interés y sancionar cualquier irregularidad.
El gobernador Américo Villarreal Anaya respaldó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para esclarecer posibles irregularidades en las contrataciones de organismos electorales y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
A través de un posicionamiento, el mandatario estatal señaló que es necesario revisar de manera integral las contrataciones electorales, hacer públicos los contratos, proveedores, montos, procedimientos de adjudicación y criterios de selección, además de eliminar las condiciones que puedan limitar la participación de empresas.
En el documento también se hace referencia a los antecedentes de la red empresarial relacionada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, así como a sus presuntos vínculos con servidores públicos y figuras del ámbito político y electoral.
Asimismo, se menciona la trayectoria de Guadalupe Taddei, quien fue designada en 2014 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), entonces presidido por Lorenzo Córdova, como presidenta del organismo electoral de Sonora. El posicionamiento señala que estos antecedentes deben formar parte de una investigación integral.
Entre las figuras mencionadas también aparecen Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo, además de Lorenzo Córdova, cuya responsabilidad institucional se distingue de las posibles relaciones comerciales de organismos electorales estatales con empresas proveedoras.
El gobernador sostuvo que las relaciones empresariales, institucionales y políticas deben esclarecerse para determinar si existieron conflictos de interés, intervenciones indebidas u omisiones que favorecieran la concentración de contratos. Sin embargo, subrayó que las responsabilidades individuales deberán acreditarse mediante pruebas.
Finalmente, Villarreal Anaya reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y pidió que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias, con pleno respeto a la autonomía de las autoridades electorales.
