A partir del 26 de abril de 2026, El Salvador aplicará una reforma que permitirá imponer prisión perpetua a personas menores de edad desde los 12 años, medida impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo.
Con esta decisión, se introducen cambios en el sistema de justicia juvenil y en la forma en que se sancionan delitos graves.
La reforma establece que adolescentes de entre 12 y 18 años podrán recibir cadena perpetua si son encontrados culpables de delitos como homicidio, feminicidio, violación o terrorismo.
En este último caso, la legislación incluye la participación o colaboración con pandillas.
Además, se modifican normas como el artículo 27 de la Constitución, la Ley Penal Juvenil, el Código Penal y la Ley Especial contra Actos de Terrorismo.
Uno de los cambios centrales es la eliminación del tratamiento diferenciado para menores en casos de delitos graves. Esto permite que sean procesados bajo criterios similares a los de adultos y que, tras una sentencia, puedan ser enviados a centros penitenciarios comunes.
La reforma también representa un cambio en el enfoque del sistema, que durante años priorizó la reinserción social mediante medidas socioeducativas.
El nuevo marco legal incluye la posibilidad de revisar las condenas de forma periódica para evaluar el nivel de rehabilitación y determinar si procede algún esquema de libertad controlada, sin embargo, no se han definido los criterios ni la periodicidad de estas revisiones.
La medida forma parte de la estrategia de seguridad implementada desde 2022, cuando el país entró en un régimen de excepción que ha permitido detenciones y la suspensión de algunas garantías.
