El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Carlos Alberto Torres Torres y a su hermano Luis Alfonso Torres Torres entre las personas sancionadas por su presunta relación con una red vinculada a Los Mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.
La dependencia estadounidense afirmó que Carlos Torres “utilizó su influencia política para facilitar actividades del grupo y protegerlo de acciones de autoridades en Baja California”.
Según el Tesoro, Carlos Torres mantenía una alianza con Juan José Ponce Félix, identificado por la dependencia como “El Ruso”, quien tendría el control de la estructura de Los Rusos en Mexicali.
La autoridad estadounidense también señaló que Torres habría recibido pagos mensuales para permitir que el grupo operara en el estado, mientras que Luis Torres habría participado en la recepción de recursos y su presunto lavado mediante empresas y campañas políticas. Ambos fueron incluidos en las designaciones bajo disposiciones estadounidenses relacionadas con apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel de Sinaloa.
Carlos Torres ocupó distintos cargos públicos por el Partido Acción Nacional en Baja California, entre ellos el de diputado federal de 2006 a 2009. Su relación con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedaconcluyó en noviembre de 2025; ambos habían informado meses antes que Estados Unidos les había revocado sus visas.
En declaraciones, Ávila Olmeda negó conocer los señalamientos y sostuvo que su administración “ha combatido a grupos de delincuencia organizada”.
Torres, por su parte, negó cualquier relación con actividades o grupos criminales y anunció que buscaría aclarar la información ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otras autoridades.
La acción anunciada por el Tesoro también incluyó a Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, a quien la dependencia estadounidense identifica como líder de Los Mayos. La medida alcanzó a cerca de 50 personas y empresas relacionadas con estructuras del Cártel de Sinaloa, incluidos operadores señalados en Baja California.
El Tesoro indicó que las designaciones buscan “afectar las redes de tráfico de drogas, lavado de dinero y corrupción asociadas con esta organización”.
